El crimen de un presidiario mostró el poder de los grupos ilegales en Villa Urquiza

Las irregularidades alrededor de la muerte de Fernando Medina.

El crimen de Fernando Medina dejó al descubierto no sólo la venta de drogas en el penal, sino el poder que tendrían los grupos que estarían manejando el negocio ilegal en Villa Urquiza.

El joven de 31 años murió en el patio de la prisión. Alejandro “Pichi” Mendoza lo ultimó de una puñalada cuando lo atacó en el patio del penal. En principio se pensó que era una muerte más en el penal, pero después, con el correr de las horas, se supo que el homicidio habría sido premeditado y preparado por las personas a las que había denunciado.

Medina había sido trasladado en setiembre de 2017 a la seccional 7a después de que contara cómo los guardias le entregaban droga para que vendiera. El 19 de noviembre, personal del Servicio Penitenciario lo trasladó de vuelta hasta el penal de Villa Urquiza porque había protagonizado una revuelta. Sin embargo, la fiscala Adriana Giannoni recogió pruebas de que nunca se había producido el supuesto motín.

La víctima pasó de ser un testigo protegido a un habitante más de los sectores 1 y 2 de Villa Urquiza, el lugar donde trabajaban los guardias que él había denunciado. El personal del Servicio Penitenciario declaró que ellos habían trasladado al reo por una orden judicial. Pero María Nazaret Rodríguez Ponce de León, secretaria del juzgado de Ejecución y Sentencias que dirige Roberto Guyot, declaró que nunca había dado esa orden, por lo que su traslado fue ilegal.

EL ACUSADO. Alejandro “Pichi” Mendoza, antes de cometer el crimen, recibió una condena de 18 años.

Medina fue golpeado desde que llegó a Villa Urquiza. El primer día de visita, les contó a sus familiares lo que le había pasado y les pidió que denunciaran el hecho ante el juez Guyot. Incluso, según consta en el expediente, redactó una carta pidiendo protección, puesto que sospechaba que lo matarían. Desde el juzgado nunca actuaron y el denunciante terminó siendo asesinado el 22 de noviembre.

Mendoza había sido condenado, en marzo de 2016 a cumplir una pena de 18 años por haber asesinado en marzo 2014 a Melanie Eliane Williams cuando intentó robarle el celular. El día que mataron a Medina, él protagonizó un incidente con otro recluso en otro sector de la cárcel. Fue trasladado al sector 1, donde se encontraba Medina. Nunca debería haber estado ahí, sino en el sector de castigo.

M.R.P, otro de los presos que denunció la venta de drogas en el penal, fue testigo del hecho. Dijo que Mendoza salió corriendo y de un lugar donde se junta agua tomó una faca y lo atacó. “Los guardias que estaban ahí estaban más atentos al celular que a intervenir en la pelea”, declaró el recluso. Los miembros del Servicio Penitenciario nunca cumplieron con la orden judicial de proteger a la víctima.

Giannoni imputó a Mendoza el crimen del joven, pero también acusó a funcionarios. Al director Guillermo Snaider lo acusó de no haber cumplido con sus deberes de funcionario público al permitir el traslado del joven y de no asegurarle protección. A José Cisterna, a Walter Patto y a Claudio González, tres de los denunciados por Medina, le imputó haber realizado maniobras para que se produjera el homicidio. Entre ellas aparecen haberlo trasladado ilegalmente, alojarlo en un lugar peligroso y sin protección, y ubicar al supuesto homicida en el lugar donde se produjo el homicidio. Estos cuatro esperan ser enjuiciados en libertad.

fuente: la gaceta

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