Por irregularidades estudian cambios en las inscripciones para acceder a una vivienda
La interventora del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Noemí Ferrioli, adelantó que en las próximas semanas dará a conocer la modalidad de inscripción al sorteo para acceder a viviendas con fines sociales. “Va a ser muy parecida a la del año pasado”, explicó Ferrioli, aunque no descartó modificaciones porque es un tema que “se está estudiando”.
Mañana de reuniones
El primer diálogo que mantuvo Ferrioli se produjo en el Instituto, tras casi cuatro horas de espera, cerca de las 14. Duró poco menos de cinco minutos porque la funcionaria tuvo que retirarse a una reunión en la Casa de Gobierno.
Antes de recibir a la prensa, la funcionaria ya había tenido reuniones en la sede del Ejecutivo durante la mañana, y, una vez en el Instituto -llegó cerca de las 12-, había recibido a un grupo de personas que habían estado manifestándose en las puertas de la repartición.
Ellos buscaban hablar con Ferrioli para intentar acceder a viviendas sociales a través de la vía legal. Reclamaron contra Elizabeth Alzogaray, una mujer que les prometió facilitar viviendas del IPV en el barrio Manantial Sur a cambio de una suma de dinero. La supuesta gestora fue detenida por la Justicia el 28 de enero.
“Vendedores”
“Panorama Tucumano” investigó durante más de seis meses el procedimiento de los presuntos “vendedores” de viviendas sociales del Ipvdu.
Todo comenzó en septiembre del año pasado, con un dato de la audiencia, que le permitió al equipo acceder a un grupo de WhatsApp de vecinos de Manantial Sur.
En la conversación, una persona ofrecía acceder de manera rápida a la adjudicación de una vivienda social en el mismo barrio por una vía ajena a la normal.
El modus operandi para acceder a la casa era el siguiente: había que entregar $ 60.000 por adelantado y, durante un acto político previo a la entrega del hogar, los $ 200.000 restantes.
A mediados de octubre, la mujer citó al supuesto interesado para concretar el pago de la seña. Tras la transacción, la “gestora” requirió diversa documentación para presentar una carpeta en el Instituto.
Uno de los requisitos era que el interesado debía tener un hijo (en este caso no estaba casado, como exige uno de los requisitos del Ipvdu en el trámite formal). Sin embargo, por el valor de $2.500 la mujer consiguió un acta de nacimiento y un DNI apócrifo de un menor para que, a los fines del trámite, se pueda contar con el hijo requerido.
